El titular de la dependencia, Álvaro Bardales Ramírez, informó que durante las revisiones realizadas encontraron inicialmente alrededor de 700 casos de presidentes municipales, síndicos, regidores y otros funcionarios que además contaban con plazas en instituciones como la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH), la Secretaría de Salud (SSH) y otras áreas del Poder Ejecutivo.
Ante ello, la Contraloría solicitó la presentación de dictámenes de compatibilidad para verificar que ambas funciones pudieran desempeñarse legalmente y sin interferencia de horarios. Tras el análisis, únicamente fueron aceptados 12 casos, principalmente de personas que impartían actividades deportivas o culturales durante pocas horas al día. El resto fue rechazado al no existir compatibilidad entre funciones y jornadas laborales.
Bardales Ramírez detalló que entre los casos detectados existen funcionarios cuyos ingresos igualan o incluso superan el sueldo del gobernador, el cual asciende a 76 mil 300 pesos mensuales. Los municipios donde fueron ubicadas estas situaciones son Tasquillo, Huejutla, Francisco I. Madero, Calnali, Mineral de la Reforma, Progreso de Obregón, Tizayuca, Tlaxcoapan, Actopan e Ixmiquilpan.
El funcionario explicó que también identificaron casos considerados “atípicos”, donde era prácticamente imposible cumplir con ambos empleos debido a la distancia entre centros de trabajo. Como ejemplo, mencionó a personas que laboraban simultáneamente en municipios separados por trayectos de varias horas, como Tlahuelilpan e Ixmiquilpan, así como Atlapexco y Tepehuacán de Guerrero.
Asimismo, señaló que la mayoría de los involucrados optó por solicitar licencia sin goce de sueldo; sin embargo, algunos decidieron interponer recursos legales para mantener sus percepciones. Actualmente existen tres juicios de nulidad vigentes y dos amparos promovidos por regidoras ante juzgados federales.
El secretario advirtió que, en caso de perder dichos procesos legales, los funcionarios deberán devolver los recursos obtenidos durante el tiempo en que mantuvieron la doble remuneración, además de enfrentar posibles sanciones económicas y administrativas.
Durante la conferencia, Bardales Ramírez recordó que mayo corresponde al periodo de presentación de declaraciones patrimoniales y de posible conflicto de intereses, obligación que deben cumplir más de 120 mil servidores públicos en Hidalgo. Hasta el momento, el avance reportado es del 25 por ciento.
Finalmente, señaló que el incumplimiento de esta obligación puede derivar en sanciones como inhabilitación temporal, separación del cargo o incluso investigaciones por presunto enriquecimiento ilícito, casos que podrían ser turnados al Tribunal de Justicia Administrativa, la Fiscalía Anticorrupción o la Procuraduría General de Justicia del Estado.
